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COMENTARIO AL ART. 7.9 DE LA LEY DISCIPLINARIA DE LA GUARDIA CIVIL





En primer lugar es mi deseo agradecer al creador de esta web, la oportunidad que me brinda de colaborar en esta importante iniciativa, con esta apuesta por el debate y discusión de los temas que afectan a la Institución.

Con este comentario al punto noveno del artículo 7 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, Ley Orgánica 11/1991, que sanciona como falta leve, las conductas que impliquen:“La inexactitud en el cumplimiento de las normas de régimen interior”, iniciamos una serie de comentarios de la normativa aplicable al Cuerpo de la Guardia Civil, que se pretenden tengan continuidad en el tiempo.

Ante la lectura de este tipo de falta disciplinaria, surgen una serie de dudas respecto a su adecuación al principio constitucional de legalidad, del Art. 25.1 de la Constitución, así como del correlativo de tipicidad. Por tratarse de una norma que puede ofrecer cierta dificultad a la hora de su interpretación, por la ambigüedad de su enunciado y el espacio de discrecionalidad que puede deducirse de ella para quién ostente la Potestad disciplinaria del Cuerpo y para quienes a sabiendas o no, la infrinjan, este pequeño comentario intentará desentrañar su alcance.


La potestad discrecional de la Administración en el derecho disciplinario no ha de obviar su completa conformidad con los principios constitucionales que informan todo el Ordenamiento Jurídico.

En el derecho sancionador disciplinario, hay un derecho fundamental que ha de ser indefectiblemente observado, el de la legalidad que viene reflejado básicamente en dos artículos de nuestra Constitución, el artículo noveno que contiene una proclamación genérica y el artículo 25.1 que viene a concretarlo en su triple aspecto de legalidad de la infracción, legalidad de la sanción y legalidad en la atribución de la potestad. Un prolongación del principio de legalidad, con su misma trascendencia constitucional , es el denominado principio de tipicidad que afecta a la delimitación, concreción y determinación, tanto de la infracción, como de la sanción. Hablar del principio de legalidad es hablar del principio de seguridad en los ámbitos penal y disciplinario.

El principio constitucional de legalidad, dentro del derecho sancionador, supone que nadie puede ser castigado por las acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Por ende, los hechos que se sancionen han de hallarse legalmente tipificados al tiempo de su comisión. Es decir: los hechos o el comportamiento atribuidos a una persona tienen que estar previamente definidos en un precepto legal como constitutivos de infracción sancionable. Tiene que haber una adecuación entre los hechos y el precepto sancionador, de forma que aquellos puedan subsumirse en éste.

En el caso que del artículo 7.9 que comentamos de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, nos encontramos con una doble tipificación: la primera se encuentra en el la a Ley Disciplinaria y la segunda en las normas de régimen interior a las que se remite. Es ahí dónde ha de exigirse la máxima concreción del tipo disciplinario, que permita una identificación clara del proceder antijurídico que sanciona.

El ilícito ha de consistir para ser sancionable en un comportamiento del sujeto que suponga una parcial contradicción con una norma cierta y previa que regule el régimen interior del Cuerpo. La tipicidad significa concreción en los ilícitos que lleven aparejada alguna sanción.

El bien jurídico que la norma que contiene el Art. 7.9 de la Ley 11/1991 es el cumplimiento exacto de todas las normas de régimen interior. Dada la generalidad de tal afirmación, lo primero que hay que plantearse es si efectivamente las normas de régimen interior tienen a su vez un nivel de concreción tal que objetivamente pueda entenderse que han sido conculcadas. Se han de identificar claramente los presupuestos fácticos de la conducta realizada y de la descrita en la norma.

Aquellas sanciones que amparadas en este tipo de infracción disciplinaria que no contengan los elementos necesarios de legalidad y tipicidad harán del ejercicio de la potestad disciplinaria una práctica arbitraria de la misma. La potestad sancionadora de la Administración ha de tener su cobertura en una norma de rango legal, pero no excluye que esa norma contenga remisiones a normas reglamentarias, siempre que en aquéllas queden suficientemente determinados los elementos de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer.

Se trata pues en este caso del Art. 7.9 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil de la utilización de una norma en blanco, de una fórmula abierta e indeterminada. De una norma que reenvía a otras para su completa definición, normas que permiten que sea complementada por otras de diversa jerarquía. Esta técnica legislativa ha sido frecuentemente abordada y resuelta tanto por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, como por el Tribunal Constitucional, el cual ha reconocido la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, siempre que en aquéllas queden suficientemente determinados los elementos de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer. Por tanto, para que una conducta pueda ser incardinada en el tipo que comentamos; en la resolución sancionadora se ha de consignar de forma expresa el deber infringido y la obligada referencia a la norma que impone tal deber.

La técnica de remisión y de utilización de normas en blanco en el Derecho disciplinario no está reñida con las exigencias constitucionales de legalidad.

Ahora bien, por ser una norma que puede dejar en manos de los mandos con potestad sancionadora un gran ámbito de discrecionalidad, para determinar si cualquier actuación sobrepasa el cumplimiento exacto de la misma, lo primero es indagar en su significado semántico. La inexactitud en el cumplimiento es igual a cumplimiento deficiente, sin interés, sin precisión, sin prontitud, etc. La inexactitud excluye los supuestos de incumplimiento total de la norma de régimen interno. En este caso, la norma se cumple, pero de modo inexacto, esto es “sin prontitud, precisión o esmero”, pero para que se den esto presupuestos la norma a la que se reenvía ha de contener una tipificación exacta del mandato jurídico.

De igual modo la sanción debe concretar la conducta reprochable a sancionar, no es suficiente la mención literal del tipo disciplinario, sino una relato exacto de los hechos que prueben el incumplimiento inexacto de la norma. Lógicamente para inferir este incumplimiento inexacto la norma de régimen interior ha de estar tipificada con toda la concreción que haga posible su incardinación.

El enunciado "Inexactitud en el cumplimiento de las normas de régimen interior", entra dentro de la categoría de los llamados conceptos jurídicos indeterminados, es una cláusula general, que el Legislador emplea para conceder un cierto margen de discrecionalidad a la hora de su apreciación interpretativa. Una interpretación que no puede obviar los principios generales de proporcionalidad y buena fe, especialmente en la materia sancionadora que nos ocupa.

Los conceptos indeterminados, posibilitan que se produzca una grieta en el principio de legalidad, por ello con este tipo de mandatos jurídicos ha de tenerse un especial cuidado y analizar debidamente si se dan todos los elementos necesarios para producirse el hecho ilícito. La utilización de tipos genéricos que no encuadren exactamente la conducta infractora puede conducir a una injusta utilización del Régimen Disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil.

Concluyendo, los elementos necesarios para que sea legal y justa la utilización de esta infracción disciplinaria son:

a) Existencia de una norma de régimen interior, previa y clara en su determinación del hecho que considere infractor.

b) Determinación en la Resolución sancionatoria de los hechos que puedan encuadrarse en el tipo infractor de la norma -no basta con hacer referencia literal de la norma infringida-.

c) Que tales presupuesto fácticos a pesar de resultar un cumplimiento inexacto de la norma, sean antijurídicos.

Y sobre todo, no perder de vista que el ejercicio de la Potestad sancionadora de la Administración, ha de desenvolverse dentro de los principios generales del Derecho, como decíamos antes, el de buena fe y proporcionalidad.









N.O.R.

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Publicado en: 2002-07-11 (11210 Lecturas)

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